España solicita más de 20.000 millones a la Unión Europea para pagar los ERTE

España pide más de 20.000 millones a la Unión Europea para pagar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que han servido para paliar en parte las graves consecuencias en el mercado laboral de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. 

En concreto, el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como programa SURE, según ha anunciado este lunes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.

Este programa anunciado el abril por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo de manera urgente para dar una respuesta a los efectos de la pandemia, junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El programa SURE pretende movilizar unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado.

Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea. El Consejo de Ministros autorizó el otorgamiento de esos avales el pasado 26 de mayo.

Una quinta parte de las ayudas europeas

El Gobierno ha solicitado una propuesta de financiación superior a los 20.000 millones de euros, es decir, España pretende conseguir una quinta parte de estas ayudas europeas. 

El importe final concedido dependerá del volumen de ayudas que pidan otros países. Se prevé que unos 18 Estados miembros de la UE soliciten acceso a este fondo.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya había anunciado en diversas ocasiones que la intención del Gobierno era utilizar esta herramienta y no acudir al MEDE.

El Gobierno pretende utilizar este dinero para pagar los programas de los ERTE, es decir, las prestaciones que reciben los trabajadores durante el tiempo que están suspendidos de empleo y las cotizaciones sociales que no han pagado los empresarios.

Además, el Ejecutivo quiere usar estos fondos para financiar la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos, la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja a consecuencia de la covid-19 y el apoyo a los trabajadores fijos-discontinuos, en particular del sector turístico.

Una vez determinado el importe final, el crédito será desembolsado a los países solicitantes en varios tramos. El primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021.



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