El juez que archivó el chat contra Manuela Carmena admite a Vox como acusación popular contra Podemos

El juez Juan José Escalonilla Morales, el mismo que en 2018 archivó el chat policial contra la entonces alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, ha admitido al partido de extrema derecha Vox como acusación popular en la causa contra Podemos, partido que está siendo investigado por una supuesta malversación de fondos públicos.

Esta admisión se ha realizado sin la fianza habitual en este procedimiento, impuesta para limitar la cantidad de miembros en la acusación.

El artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostiene que “el particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio“. No obstante, tal y como consta en el auto del juez Escalonilla con fecha de 28 de julio de 2020, “la exigencia de fianza constituye requisito de admisibilidad cuando ésa es medio de iniciación del proceso penal, pero cuando el ejercicio de la acusación popular se realiza en un proceso en curso la necesidad de tal requisito no parece razonable”.

Por eso, “en el caso de que tal personación lo fuera en una causa ya iniciada se ha estimado que el requisito” de la fianza “no es exigible”, aunque “limita temporalmente tal personación a su efectividad antes del trámite de calificación”.

La causa contra Podemos fue abierta tras la denuncia de un exabogado de la formación, José Manuel Calvente Redondo, despedido en diciembre de 2019 acusado de acoso sexual y laboral a otra letrada del equipo.

Tras su despido, Calvente acusó al partido de varios delitos, en un primer momento utilizando medios de comunicación como ‘El Mundo’, luego con una denuncia ante la Guardia Civil y finalmente en una declaración ante el juez Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid.

Después de dicha declaración, el magistrado ha emitido dos autos con fecha 30 y 31 de julio. En el primero, se cita a declarar en calidad de investigados a Rocío Esther Val Val, gerente de Podemos, Daniel de Frutos Ramírez, responsable de finanzas y transparencia y coordinador del área de anticorrupción del partido  y a Juan Manuel del Olmo, secretario de comunicación. Además, Pablo Fernández Alarcón, miembro de la Comisión de Garantías Democráticas, prestará declaración testifical.

Según el letrado despedido, el partido liderado por Pablo Iglesias habría simulado contratos con diversas empresas con las que se había autofinanciado. Por ello, el juez requiere en ese primer auto que Podemos remita en un plazo de diez días, desde el 30 de julio, “la documentación acreditativa de los trabajos llevados a efecto por ABD Europa Unipessoal LDA y Neurona Comunidad S.L”.

Asimismo, se le otorgan diez días a la formación morada para que “presente la normativa interna relativa a los sueldos de los empleados de dicho partido político y los complementos contemplados en la misma”, “las facturas, tickets y demás documentación presentada cada mes por Rocío
Esther Val Val y Daniel de Frutos Ramírez” y “las facturas emitidas a dicho Partido Político como consecuencia de las obras ejecutadas en el edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid”.

Fuentes de Unidas Podemos han afirmado al diario ‘Público’ que están siendo objeto de una “investigación prospectiva“: “Se trata de una forma de investigar prohibida y sancionada en los estados de derecho. Consiste en practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación”.



Contacto:
Correo cadenaes.com