Fiscalía pide la suspensión inmediata del tercer grado de Rull, Turull y Bassa, presos del procés

La Fiscalía ha pedido que se suspenda de forma inmediata el tercer grado a los presos del procés que faltaban: Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. El lunes presentó la misma solicitud para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Carme Forcadell, escrito que, en el caso de los cinco primeros, fue atendido 24 horas después por el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña: todos ellos volvieron a ingresar en prisión al retroceder al segundo grado.

El magistrado es el mismo que tendrá que decidir ahora sobre Rull y Turull, pero Bassa, al igual que Forcadell, depende del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1, que no ha suspendido por el momento el tercer grado de la expresidenta del Parlament. El pasado martes, el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 atendió la petición de la Fiscalía y, mientras daba traslado a las partes para que presentasen alegaciones en tres días, acordó «el efecto suspensivo de dicha calificación», con lo que los presos pierden su semilibertad hasta que se pronuncie sobre el fondo de la medida.

Tanto Rull como Turull dependen del mismo juez y todo apunta a que seguirán el mismo camino en las próximas horas, pero la duda pasa por la postura que mantiene el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1, que sigue sin responder al escrito que la Fiscalía presentó el lunes contra el tercer grado de Forcadell y ahora ha recibido el correspondiente a Bassa.

Pese a ello, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña subrayan que dicha tardanza no tiene por qué implicar que rechace el «efecto suspensivo» que solicita la Fiscalía: como juez de vigilancia penitenciaria, sus competencias van desde revisar este tipo de recursos hasta las inspecciones de las cárceles, por lo que cabe la posibilidad de que simplemente no haya tenido tiempo suficiente para estudiar por ahora el escrito que ha presentado el Ministerio Público contra Forcadell.

En sus informes, la Fiscalía argumenta que «el régimen de vida previsto para los internos clasificados en tercer grado, supone, de hecho, que el interno no permanecerá en el centro penitenciario más de ocho horas diarias, tiempo generalmente destinado a pernoctar y, por tanto, con escasísimas posibilidades reales de tratamiento». También incide en que deben «reconocer el delito» y dejar atrás el «convencimiento» de que «pueden arrogarse la capacidad de interpretar popular».



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