Las injerencias de Holanda dejarían la sanidad pública española en manos de aseguradoras privadas

La injerencia que pretende el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, sobre España, un intento de invasión en toda regla, dejaría los servicios públicos del Estado a tiro de venta o regalo a las grandes multinacionales, puesto que lo que pretende imponer Países Bajos a cambio de las ayudas para combatir la crisis económica derivada de la pandemia del Covid19 no es más que un intento de que los países del sur no inviertan en su pueblo y entregar el Estado del Bienestar a las grandes multinacionales.

Rutte pretende que nuestro país haga una serie de reformas para doblegar su oposición, reformas que están basadas en los recortes al Estado del Bienestar y a los derechos de la clase trabajadora. Realmente, las pretensiones de Rutte no es más que un intento de invasión, una injerencia absoluta para que el gobierno de España haga lo que él diga. Es decir, convertir a nuestro país en una especie de colonia 2.0 de un país que, por cierto, se aprovecha de nuestro Estado del Bienestar.

El primer ministro holandés pretende poder vetar las reformas que aplique España con los fondos europeos, es decir, que si se quiere legislar a favor de los derechos de los trabajadores derogando las leyes pro-patronal de Mariano Rajoy, los Países Bajos tengan el derecho de vetar dichas leyes españolas. «Si el Sur necesita ayudas de nuestro país para afrontar la crisis (lo entiendo porque tienen un margen financiero limitado para responder ellos mismos), es razonable que nosotros pidamos un compromiso claro con las reformas. Y si los préstamos van a convertirse en parte en subsidios, las reformas son todavía más cruciales y necesitamos una garantía absoluta de que se lleven a cabo», ha dicho Rutte.

Sin embargo, este escenario es muy peligroso puesto que pone a tiro de compra o de concesión la «joya de la corona» de España: su sanidad. Sea el sistema que sea, nuestro país se vería obligado a convertir la salud en un verdadero negocio y, en consecuencia, poner los intereses o las cuentas de explotación por delante del cuidado de la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Casualmente, este es el estado en que se encuentra la sanidad neerlandesa, un país donde el cuidado de la salud es un verdadero negocio para las aseguradoras. Al igual que ocurre con otros países fanáticos del neoliberalismo y de las privatizaciones, la sanidad neerlandés prima la reducción de costes a salvaguardar la salud de su ciudadanía. Los médicos, por ejemplo, priman ahorrar dinero a los seguros privados negando en la gran mayoría de las ocasiones la derivación a un especialista o la realización de pruebas diagnósticas. Esto está provocando que muchos ciudadanos y ciudadanas neerlandesas eviten ir al médico porque, en muchos casos, se les cobra por pruebas o medicinas que en España, por ejemplo, están cubiertas por el Estado.

El mercado de la salud en los Países Bajos está copado por 4 grandes aseguradoras que, además, realizan pólizas de un año de vigencia. Esto significa que si una persona le ha generado mucho coste durante la vigencia del seguro, la empresa tiene la capacidad de decidir si aceptan o no a un paciente. Además, estos seguros no cubren determinadas especialidades como, por ejemplo, la ginecología porque no está considerada como un servicio de atención médica.

Además, son muchos los ciudadanos neerlandeses que ven que es más barato acudir al turismo sanitario que ser atendido en su propio país. Las cifras en España son impresionantes, puesto cada año visitan hospitales españoles más de 20.000 holandeses para realizarse intervenciones que en su país tendrían que esperar a que la aseguradora las aceptara. Si Pedro Sánchez cortara este grifo, Rutte tendría graves problemas sociales en su país. Ahí lo dejo…

Si Europa aceptara las exigencias del primer ministro neerlandés, España se vería obligada a recortar tanto en sanidad que las aseguradoras privadas se lanzarían como buitres para hacerse con un negocio por el que llevan décadas pujando. Eso no se puede permitir porque los ejemplos de las comunidades autónomas que lo han aplicado (Madrid, Valencia y Andalucía) están ahí y la colaboración público-privada no es más que el eufemismo que esconde la privatización absoluta de un derecho reconocido en la Constitución y de una obligación de un Estado que se considere digno de ser llamado democrático.



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